LA OFI MONTEVIDEANA: EL FISCAL QUE VIO LO QUE NO DEBE OCULTARSE

LA OFI MONTEVIDEANA/Desde Montevideo EDUARDO MÉRICA para FMFUTBOL.

SESIÓN DEL EJECUTIVO DE LA OFI – SETIEMBRE DE 2014

Montevideo, 2 de setiembre de 2014.
A las 14:30 horas, en una sede cargada de antecedentes recientes y tensiones aún abiertas, se reunió el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). La sesión no fue una más dentro del calendario institucional: era la continuación directa de un conflicto que había estallado días antes y que amenazaba con erosionar la credibilidad, la convivencia interna y la estabilidad política de la Organización.

Presidió la sesión el Sr. Nelder Márquez, con la presencia de los consejeros Gustavo Gómez Echezarreta, Gustavo Bares, Julio García Bedat, Manuel Román, Dr. Luis Bermúdez Gruni, Alcides Larrosa, Juan Brum, Sergio Gabito, Eduardo Mosegui, Mtro. Martín Mernies, Miguel Alfonso, Julio Vigneaux, José Dávila, Franklin Nilo Scarpa y Rubén Sosa.
Como Gerente y responsable del registro del acta, actuó el Cr. Carlos Eduardo Segura.

El tema central tenía nombre propio: Carlos Andrade, integrante del Consejo Fiscal, y las denuncias públicas que había realizado días antes en el Congreso de la Confederación del Este.

EL CONTEXTO: UNA CRISIS QUE NO SE DISOLVIÓ

El presidente Márquez abrió la sesión con un resumen de la situación generada. No se trataba solo de diferencias administrativas ni de interpretaciones estatutarias: lo que estaba en juego era la forma, el lugar y el sentido en que se habían realizado acusaciones que involucraban al Ejecutivo, a funcionarios y a la propia estructura organizativa de la OFI.

Franklin Nilo Scarpa fue quien retomó el hilo de lo ocurrido. Recordó que, en la sesión anterior, había informado detalladamente sobre el Congreso del Este realizado en Treinta y Tres y había solicitado expresamente que el tema se tratara con la presencia del Presidente y del Tesorero, ya que ambos habían sido aludidos directamente por Andrade.

Scarpa ratificó palabra por palabra lo expresado en aquella oportunidad. No se retractó. No matizó. No corrigió.
Manuel Román hizo lo propio: confirmó que lo manifestado había quedado fielmente recogido en el acta y sostuvo su validez.

LA TESORERÍA BAJO LA LUPA

El Tesorero Julio García Bedat tomó la palabra con una postura firme pero serena. Señaló que muchas de las afirmaciones de Andrade lo involucraban directamente, pero aclaró que no le preocupaba la opinión personal del denunciante, ya que tenía la conciencia tranquila. Lo que sí le resultaba grave era el ataque al funcionario Gustavo Ruiz, cuya honorabilidad consideró intachable.

García Bedat fue categórico:
si Andrade había detectado un error —o lo que él entendía como tal— debía haberlo planteado dentro del Ejecutivo o directamente con el Tesorero. Llevar esas acusaciones a un Congreso regional, sin instancias previas, revelaba una actitud que calificó como malintencionada y carente de espíritu constructivo.

Reveló además un dato clave: días antes del Congreso del Este, Andrade había realizado un arqueo sorpresa. La sorpresa, dijo, se la llevó él mismo: todo estaba en orden, el dinero que debía estar en caja, estaba.

Explicó con detalle el funcionamiento habitual de la Tesorería, los tiempos de liquidación, las entregas de la oficina de pases y las particularidades del período de pases AUF, cuando se producen recaudaciones fuera del horario bancario. Todo ello desmontaba la narrativa de irregularidades sostenidas públicamente.

EL AISLAMIENTO DEL DENUNCIANTE

Consultado por Gustavo Bares sobre si el Consejo Fiscal había establecido algo en su informe formal, García Bedat fue claro: no. Andrade había actuado solo. No lo hizo en nombre del Consejo Fiscal, no habló con el Tesorero y no elevó recomendaciones para mejorar procedimientos.

La conclusión era inevitable: no se trataba de control institucional, sino de acción individual, y posiblemente de animosidad, no solo hacia un funcionario, sino hacia la Organización en su conjunto.

García Bedat asumió la responsabilidad por los gastos cuestionados de Sergio Gabito, recordando que el Ejecutivo había dispuesto la comisión y que incluso el propio Gabito había ofrecido cobrar menos. “No voy a permitir que un consejero ponga plata de su bolsillo para cumplir una decisión del Ejecutivo”, afirmó.

Defendió además la presencia masiva de dirigentes en las finales, calificándolas como la fiesta mayor de la OFI, donde la participación institucional no solo es legítima, sino esperada por los anfitriones.

DOCUMENTOS EXHIBIDOS, CONFIANZA QUEBRADA

Scarpa agregó un elemento aún más delicado: Andrade, junto a Gustavo Vasconcellos, había recorrido el Este exhibiendo comprobantes de gastos a distintos dirigentes. El conflicto ya no era interno ni técnico: se había transformado en exposición política.

Desde el Ejecutivo se recordó que, desde el inicio del período, se había buscado austeridad en los viajes, compartiendo vehículos y reduciendo costos. En ese marco, el viaje de Gabito era inevitable y plenamente justificado.

Sobre los trabajos de mantenimiento en la sede, se dejó constancia de que todos fueron resueltos por el Ejecutivo, con precios acordes al mercado. Eduardo Mosegui y Juan Brum aclararon que existieron varios presupuestos, incluso en los trabajos más costosos.

EL QUIEBRE DEFINITIVO

A medida que avanzaba la sesión, el consenso se volvía evidente.
Gustavo Bares expresó su asombro ante el hecho de que Andrade cuestionara la actividad diaria de los funcionarios, algo completamente ajeno a las competencias del Consejo Fiscal. Recordó que el control funcional corresponde al Secretario, apoyado por el Prosecretario y el Gerente.

Las palabras fueron subiendo de tono, pero no de forma desordenada. Se habló de difamación, de falso testimonio, de daño a personas con familias detrás, y de la imposibilidad de ensuciar nombres para obtener réditos electorales.

Eduardo Mosegui planteó una contradicción insalvable: Andrade firmó un informe del Consejo Fiscal, dijo otra cosa ante la Confederación del Este y, cuando debía dar cuenta ante el Congreso de OFI, renunció. Para varios consejeros, el posterior surgimiento de su nombre en una lista electoral cerraba el círculo de una maniobra política.

Mtro. Martín Mernies fue directo: una conducta así no podía quedar sin consecuencias.

Sergio Gabito recordó que no era la primera vez. El 5 de agosto, en esa misma sala, se le había explicado claramente cuál era el ámbito de sus informes. Andrade reincidió.

LA RESOLUCIÓN

El cierre llegó con una propuesta concreta:
Gabito planteó que, dada la violación de varios artículos del Código de Ética, el caso debía ser elevado al Comité de Ética.

La votación fue unánime.

Finalmente, Gustavo Bares aclaró que la renuncia de Andrade debía ser elevada al Congreso de OFI, órgano soberano encargado de resolverla.

EPÍLOGO

Aquella sesión del 2 de setiembre de 2014 dejó una enseñanza profunda en la historia institucional de la OFI:
la transparencia no se construye con denuncias fuera de lugar,
ni la ética se ejerce rompiendo los canales que la propia Organización establece.

El Ejecutivo cerró filas.
No para ocultar, sino para ordenar.
No para silenciar, sino para defender procedimientos, personas y estatutos.

Porque en el fútbol del interior, como en la vida institucional, ver no habilita a acusar, y denunciar no exonera de responsabilidad.

Fuente: Acta 10