LA OFI MONTEVIDEANA: la situación institucional y financiera de los clubes Ferro Carril y Salto Uruguay y el pedido de suspensión de la afiliación ante OFI

LA OFI MONTEVIDEANA /Desde Montevideo EDUARDO MÉRICA para FMFUTBOL.

ENTRE EL ESTATUTO Y LA AMENAZA DEL CONFLICTO

Crónica de una sesión decisiva del Ejecutivo de la OFI

Montevideo volvió a ser el escenario donde el fútbol del interior debatió algo más que reglamentos. El martes dieciséis de setiembre de 2014, a las 10:30 de la mañana, el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior se reunió para abordar una situación que venía arrastrándose desde hacía tiempo y que, inevitablemente, obligaba a tomar una decisión de fondo: la situación institucional y financiera de los clubes Ferro Carril y Salto Uruguay.

La sesión fue presidida por Nelder Márquez, acompañado por los consejeros Gustavo Gómez Echezarreta, Gustavo Bares, Julio García Bedat, Dr. Luis Bermúdez Gruni, Alcides Larrosa, Juan Brum, Sergio Gabito, Eduardo Mosegui, Mtro. Martín Mernies, Miguel Alfonso, Julio Vigneaux, Franklin Nilo Scarpa y Rubén Sosa. Como en cada instancia formal, actuó en funciones administrativas y de actas el gerente Cr. Carlos Eduardo Segura, figura clave para la continuidad institucional.

Para el tratamiento del punto central ingresó a sala la Dra. Andrea Valiente, cuya presencia marcó desde el inicio que la discusión no sería solamente deportiva, sino profundamente jurídica.

El presidente Márquez abrió el tema recordando que históricamente los clubes habían cumplido con sus obligaciones estatutarias, incluidos clubes del departamento de Salto. Señaló que apartarse de ese criterio sería un error grave y que la Organización debía mantener una conducta coherente con su propia historia y normas.

Sin embargo, el debate rápidamente tomó otro tono cuando Gustavo Bares pidió la palabra. Con una postura firme, expresó que había mantenido conversaciones previas sobre el asunto y que, a su entender, no existía margen para otra resolución que no fuera la suspensión de la afiliación. Subrayó que no se trataba de un problema nuevo, sino de una situación que se venía manejando desde hacía mucho tiempo sin una solución concreta.

Bares informó además que había dialogado sobre el tema con el Escribano Valdez, presidente de la AUF, dejando claro que la problemática trascendía la órbita estricta de la OFI. No obstante, remarcó que cualquier eventual cambio de postura solo podría surgir del Congreso de la Organización, órgano soberano y máximo decisor.

Ante versiones de posibles acciones judiciales, Bares fue tajante: no se debía actuar condicionados por amenazas de juicio. El Estatuto era claro y debía cumplirse, aun cuando ello implicara asumir riesgos legales. Obrar de otro modo, sostuvo, sería sentar un precedente peligroso para toda la estructura del fútbol del interior.

En la misma línea se expresó Gustavo Gómez Echezarreta, quien recordó que el Consejo Ejecutivo se rige por las resoluciones del Congreso y que apartarse de ellas sería una falta grave. Aprovechó su intervención para aclarar una situación sensible: desmintió categóricamente haber amenazado a dirigentes de los clubes involucrados. Explicó que, tal como se había resuelto en la sesión anterior, mantuvo conversaciones personales y amistosas con dirigentes con los que tenía vínculo, con el único objetivo de advertirles sobre las consecuencias estatutarias del incumplimiento.

“No fue una amenaza —aclaró—, fue un aviso para que no los tomara desprevenidos ninguna decisión”.

El clima se tensó cuando el Mtro. Martín Mernies solicitó precisiones sobre algunos aspectos reglamentarios, abriendo paso a una instancia más técnica del debate. Fue entonces cuando Sergio Gabito y la Dra. Valiente procedieron a dar lectura a los fundamentos presentados por los clubes Ferro Carril y Salto Uruguay, así como a su petitorio formal.

El informe jurídico de la Dra. Valiente fue exhaustivo. Respondió punto por punto a los argumentos esgrimidos por los clubes, dejando en claro el alcance del Estatuto y las competencias del Consejo Ejecutivo. En ese contexto, reveló un dato significativo: el Dr. González Mullin le había denunciado una supuesta amenaza del Sr. Gómez. Ante esa afirmación, Valiente solicitó que la denuncia fuera ratificada formalmente, cosa que finalmente no ocurrió.

El propio Gómez volvió a intervenir para reiterar que su comunicación fue en términos cordiales y preventivos, buscando evitar que se llegara a sanciones mayores.

Otro elemento de peso fue aportado por Juan Brum, quien informó que había conversado con el Dr. Gabriel Rodríguez Chiappini, ex presidente de OFI y persona cercana al Club Ferro Carril. Brum dio cuenta de que la estrategia de no pagar las obligaciones respondía, según se le manifestó, a una recomendación del propio Dr. González Mullin. Esa revelación agregó un componente político–estratégico al conflicto, dejando en evidencia que la falta de cumplimiento no era accidental, sino deliberada.

Llegado ese punto, el debate había madurado lo suficiente. Gustavo Bares formuló la propuesta concreta: aplicar la suspensión de afiliación por 30 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto. Recordó que la norma es clara y que, de no cumplirse las obligaciones al término de ese plazo, la consecuencia sería inexorablemente la desafiliación.

La votación fue clara, directa y sin fisuras: aprobación por unanimidad.

La sesión cerró dejando una señal inequívoca hacia el sistema del fútbol del interior. La OFI, en un contexto de tensiones crecientes y presiones externas, optó por reafirmar el valor del Estatuto por encima de las amenazas, los vínculos personales y los temores judiciales. No fue una decisión cómoda, pero sí coherente con una línea institucional que, para el Ejecutivo, debía sostenerse sin excepciones.

Aquella mañana de setiembre, el Consejo Ejecutivo dejó asentado que en la OFI el cumplimiento no es optativo, y que la fortaleza del fútbol del interior reside, precisamente, en respetar las reglas que lo sostienen. Sea cual sea el costo.