LA OFI TOTAL: Un protocolo bajo la lupa: tensiones, dudas y consensos en la mesa del Ejecutivo de OFI
Lo que siguió fue un intercambio intenso, detallado y sin concesiones, que evidenció la complejidad del tema y la necesidad de encontrar un equilibrio entre prevención, claridad normativa y viabilidad operativa.

LA OFI REAL/Desde Montevideo para FMFUTBOL.
Aquí tienen lo que sucedió en la reunión del Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (el 18 de noviembre 2025) y centrada en el principal tema tratado: el debate sobre el Protocolo para la prevención y actuación en casos de violencia, acoso y discriminación en el ámbito de la Organización del Fútbol del Interior.
El Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se reunió el 18 de noviembre de 2025, en Montevideo, en una sesión que, lejos de transcurrir como una instancia meramente administrativa, terminó convirtiéndose en un profundo intercambio sobre uno de los temas más sensibles que enfrenta cualquier institución moderna: cómo actuar ante situaciones de violencia, acoso moral, acoso sexual y múltiples discriminaciones dentro de su estructura.
La reunión, presidida por Sebastián Sosa y con la presencia de quince consejeros además del equipo de gerencia y desarrollo, avanzaba con normalidad hasta que llegó el primer punto de los asuntos entrados: la presentación del proyecto de Protocolo de Actuación, elaborado por la Dra. Andrea Valiente junto con las funcionarias Josefina Aramburu y Yenifer Tejera.
Lo que siguió fue un intercambio intenso, detallado y sin concesiones, que evidenció la complejidad del tema y la necesidad de encontrar un equilibrio entre prevención, claridad normativa y viabilidad operativa.
Un proyecto que abre la discusión
La exposición inicial dio paso a la intervención del consejero Javier Pintos, quien fue el primero en plantear reparos. Si bien afirmó compartir “el espíritu del proyecto”, observó que el texto carecía de precisiones esenciales, especialmente en materia de sanciones, diferenciaciones entre tipos de vínculo laboral y procedimientos frente a distintos escenarios.
Pintos marcó varios puntos críticos:
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El proyecto no distingue entre funcionarios contratados, presupuestados u otras figuras, lo que puede derivar en injusticias o vacíos normativos.
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No se aceptan denuncias anónimas, pese a que el Convenio 190 de la OIT —de carácter internacional y vinculante— establece justamente lo contrario.
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No se especifica qué tipo de pruebas tecnológicas serían válidas, un vacío importante en tiempos de comunicaciones digitales.
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No se mencionan sanciones para denuncias falsas.
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No está previsto quién integra la comisión que debe intervenir, ni por cuánto tiempo, ni cómo se designa.
Pintos sintetizó su postura en una frase clara: “El ánimo del proyecto es muy bueno, pero faltan previsiones esenciales, especialmente en materia sancionatoria”.
¿Es necesario un protocolo? Debate de fondo
El Dr. Héctor Leites tomó la palabra para cuestionar la necesidad misma del documento. Sostuvo que el Ministerio de Trabajo ya regula estas situaciones y que, para una organización con apenas 15 funcionarios, no sería necesario replicar un protocolo interno. Según su visión, ante cualquier caso concreto, la institución debería orientar a la persona afectada a concurrir directamente al Ministerio.
Esta visión provocó la intervención del consejero Jorge Ortiz, quien recordó que el objetivo del texto no era sancionar sino guiar, dando a todas las personas vinculadas a OFI una hoja de ruta ante situaciones de violencia o acoso. Para él, sí corresponde que OFI cuente con un protocolo propio, como lo tienen numerosas instituciones públicas y privadas del país.
Entonces surgió una de las preguntas clave del debate: ¿tener protocolo es obligatorio por ley?
Ni Pintos ni Sosa pudieron afirmarlo en ese momento, pero sí coincidieron en que, obligatorio o no, la existencia de un protocolo interno brinda seguridad jurídica y claridad operativa.
¿A quién debe abarcar el protocolo? Una zona gris
El consejero Antonio Pereira intervino para aclarar algo que muchos habían interpretado de manera distinta: ¿a quién abarca este protocolo?
Él había entendido que alcanzaba a todo el ecosistema de OFI: ligas, clubes y sus actores. Sin embargo, desde la mesa se le informó que no era así.
El alcance del proyecto —aclararon— abarca exclusivamente:
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Funcionarios de OFI
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Dirigentes
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Delegados
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Personas afectadas por hechos ocurridos en el ámbito institucional directo de OFI
Pero no alcanza a lo que ocurra en las ligas ni en los clubes. El artículo 22 del proyecto solo incluye una exhortación, no una obligación, para que estas instituciones adopten medidas similares.
Esta revelación generó perplejidad y reforzó la idea de que el texto debía revisarse a fondo.
Hacia una solución: nace una comisión técnica
Tras casi una veintena de intervenciones, el Dr. Martín Atilio propuso una salida: la creación de una Comisión Especial para revisar, ajustar y simplificar el protocolo.
La comisión quedó integrada por:
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Ana Zeni
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Javier Pintos
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Dr. Martín Martinicorena
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Dr. Héctor Leites
Su misión será reunirse con las funcionarias que elaboraron el proyecto, evaluar cada observación y producir un texto más sólido, claro y aplicable.
La propuesta fue bien recibida. Ortiz y Tellechea apoyaron la iniciativa y el consejero Arrigoni insistió en que OFI debe contar con un protocolo, aunque sugirió que sea “más sencillo y operativo”.
La Sra. Zeni fue categórica: el protocolo es necesario, no solo para funcionarios sino también para consejeros.
Martinicorena cerró ese tramo del intercambio afirmando que el sistema propuesto es “garantista” y que, con ajustes, podrá ofrecer un marco justo.
Finalmente, el presidente Sosa expresó su acuerdo: el texto original contiene buena información, pero necesita una revisión profunda. Concluyó proponiendo que el proyecto pase a manos de la comisión recién formada.
La moción fue aprobada por unanimidad.
Conclusión: una sesión que marca un punto de partida
La sesión del Ejecutivo de OFI dejó en claro que la institución reconoce la necesidad de contar con herramientas formales para prevenir y abordar situaciones de violencia o acoso en su estructura. Pero también dejó en evidencia que no existe aún un consenso sobre la forma, el alcance y los mecanismos de ese protocolo.
Lo que sí quedó definido es que el tema no se archivará: una comisión trabajará en un nuevo documento, más claro, más realista y más útil.
La discusión fue extensa, intensa y franca. Y aunque la resolución final se postergó, la sesión marcó el inicio de un camino que OFI deberá recorrer en un contexto social donde las instituciones ya no pueden mirar hacia otro lado cuando se trata de violencia o discriminación.



